Durante su larga campaña en contra de Hugo Chávez los consorcios televisivos mexicanos, meros altavoces de los oscuros intereses de la oligarquía globalizada, a menudo le recriminaban el que el gobierno de Venezuela fuese crítico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Hoy que es México el que está bajo la lupa de la CIDH por el caso de Ayotzinapa y la "verdad histórica" de Murillo Karam, olvidan su galante defensa en contra de Chávez y se lanzan al abordaje utilizando las mismas retorcidas estratagemas que el régimen borbónico franquista ha empleado durante décadas: delegar a "organizaciones ciudadanas" la tarea de actuar como parte acusatoria para así salvaguardar la fachada democrática del régimen ante la comunidad internacional.
En el estado español han servido para ello plataformas como Foro Ermua, Para la Libertad, Dignidad y Justica o Manos Blancas; en México le corresponde hacer el golpeteo a algo denominado Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal.
Lean ustedes esta nota publicada en Sin Embargo:
La PGR inicia investigación contra Álvarez Icaza por presunto fraude en labor del GIEI
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició ayer la averiguación previa luego de que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ante la PGR a Alvarez Icaza por una supuesta malversación de fondos obtenidos del Gobierno mexicano para la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa.
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió una averiguación previa contra Emilio Álvarez Icaza, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanas (CIDH), por un supuesto fraude aproximado de 2 millones de dólares obtenidos del Gobierno federal para la investigación del caso Iguala.
La Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales inició ayer la averiguación previa luego de que el pasado 15 de marzo el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal denunció ante la PGR a Alvarez Icaza por su “conducta antisocial” en la investigación de la desaparición de los 43 normalista de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.
La dependencia dijo la denuncia tendrá que ser ratificada por el presidente del Consejo Ciudadano, José Antonio Ortega, quien acusa Álvarez Icaza de haber cometido fraude al Gobierno mexicano de entre un millón 250 mil y 2 millones de dólares al no cumplir con el acuerdo en el que, como parte de la investigación del caso Iguala, “la CIDH enviaría a México como expertos a personas probas, pero los cinco integrantes del GIEI son todo lo contrario”, denunció el líder.
Antonio Ortega denunció el 15 de marzo en la PGR a Álvarez Icaza de una supuesta malversación de los fondos que el Gobierno de México ha otorgado a la CIDH, pues, dijo, es responsable del dinero que ha recibido el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para la investigación de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Además, ha denunciado en repetidas ocasiones que el GIEI “ha pretendido con una clara intencionalidad ideológica y política, desvirtuar los avances de la investigación de la PGR, basados en evidencia e insinuar que se trata de un montaje para encubrir a los responsables”.
“En este caso las víctimas del engaño son el Gobierno federal y quienes somos contribuyentes mexicanos al fisco. El monto del fraude corresponde al dinero que el Gobierno mexicano ha entregado a la CIDH para cubrir los gastos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyos integrantes deberían ayudar al Gobierno de México en la localización de los 43 alumnos de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa desaparecidos el 26 de septiembre de 2014 y en general la aclaración de los hechos criminales acaecidos en Iguala, Guerrero, el día mencionado y el siguiente.
El presidente del Consejo Ciudadano también ha acusado a tres integrantes del GIEI de ser deshonestos, pues asegura que tampoco han hecho la más mínima contribución a la localización de los 43 normalistas desaparecidos y, además, “han malversado los fondos públicos que les han sido entregados a través de la CIDH, al realizar actividades que nada tiene que ver con lo establecido en el citado acuerdo y su adendum”.
¿Recuerdan aquel debate entre Denise Dresser y la impostora Isabel Miranda de Wallace?
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Denise Dresser destroza a Isabel Miranda de Wallace en debate por Ayotzinapa
La Sra. Wallace no sabía ni lo elemental, se inventó el concepto de conflicto de interéses, "refutó" a una Dra. en Ciencias Políticas conceptos universales sobre derechos humanos con argumentos burdos dignos de un mal estudiante de secundaria, su entera defensa de que el caso fue un secuestro se basó en que así está la acusación ante el juez (¿y quién hace la acusación)... demostrando que no tiene ni los mínimos conocimientos de Derecho Procesal.
Pero claro, si te "cae mal" una politóloga experta con décadas de experiencia resulta que cualquier hermana perdida de Ricardo Alemán es válida para debatirle con la más vil ignorancia ¡y aplaudirle!.
Ya tienen rato con Emilio Álvarez Icaza en la mira.
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