viernes, 5 de mayo de 2017

La Instrucción I-3/2017

Les compartimos esta nota acerca de la denuncia que ha hecho Etxerat con respecto a la decisión por parte de Madrid de no permitir que los presxs políticxs vascxs gravemente enfermos no puedan salir de la cárcel hasta que se dictamine que solo les quedan dos meses por vivir:


Los allegados de los presos y presas vascas quieren que los agentes políticos, sindicales, sociales e institucionales frenen la «actuación desquiciada del Gobierno español, que en una respuesta al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, indicó que los represalidos gravemente enfermos serán excarcelados cuando el fallecimiento sea «previsible, con razonable certeza, en menos de dos meses».

Ion Salgado

Etxerat ha instado a los agentes políticos, sindicales, sociales e institucionales, «garantes del respeto a los DDHH, a implicarse, responsable y urgentemente, para frenar la actuación desquiciada del Gobierno español», que en una respuesta remitida al senador de EH Bildu, Jon Iñarritu, indicó que los presos vascos gravemente enfermos solo serán excarcelados cuando el fallecimiento sea «previsible, con razonable certeza, en menos de dos meses».

«La voluntad del Gobierno español es la de causar dolor. Dolor físico a personas que ya sufren una grave enfermedad. Dolor, al negarles el acceso al tratamiento médico que requiere su enfermedad, a las posibilidades de estabilización, de alivio. Dolor, como el que padecerán personas que, en la fase terminal de su enfermedad, no van a poder acudir a una Unidad del Dolor ni a cuidados paliativos. Dolor físico hasta el final. Y dolor mental, como sufrimiento añadido a sus dolencias», han denunciado en una rueda de prensa Patricia Belez y Urtzi Errazkin.

Ambos han recordado que la ONU define la tortura como el «acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras». Y han lanzado una pregunta a los agentes políticos, sindicales y sociales: «¿Dónde está, si es que la hay, la diferencia entre el contenido de la Instrucción I-3/2017 y un acto de tortura?».

«Lo decíamos también anteriormente: la legislación penitenciaria española se ha venido manejando continuamente, para adaptarla en cada momento, a la medida que exige la venganza. Y podremos ver que la venganza exige en este momento apuestas muy fuertes. El Gobierno español trata de dar cuerpo legal a la coacción y al ensañamiento. Y no creemos que la sociedad vasca quiera permitirlo», han remarcado antes de anunciar su adhesión a la marcha convocada por Sare para este sábado en Gasteiz, donde reclamarán la excarcelación de los presos vascos gravemente enfermos.






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