Egaña | ¿Fue Injusto?

Infalible como es, Iñaki Egaña responde ampliamente a cierta muy hipócrita pregunta que flota en el aire desde hace ya hace mucho tiempo pero especialmente desde que ETA diera a conocer el comunicado previo a la culminación de su desmovilización ayer en Ginebra y hoy ya en Kanbo:

¿Fue injusto?

Iñaki Egaña

Hay una cuestión que sobrevuela en los relatos sobre las últimas décadas. La resumida en el título de “¿Fue injusto?”. Efectivamente, si nos atenemos a la literalidad, la justicia española y también la francesa han enviado en estos últimos 60 años a unos 6.500 hombres y mujeres a prisión por pertenencia a ETA u otras organizaciones armadas, por actos de la llamada kale borroka o por pertenencia al genérico del “todo es ETA”. Los tribunales españoles apuntaron a que con relación a ETA han sido juzgadas más de 15.000 personas. Habría que añadir que más de 3.000 insumisos y desertores pasaron, en un grado u otro, por prisión.

Es decir, que con los más de una decena de códigos penales que han surcado la sociedad vasca en ese periodo, la pregunta ya tiene respuesta, al menos de forma oficial. No entiendo para qué la reiteración en lanzar una y otra vez la misma cuestión si quien la envía ya tiene la respuesta guardada. La injusticia habría sido reparada con la justicia. Y por ello, lo único que busca esta pregunta es que se dé la razón a la acción antiterrorista, que se avale lo hecho por los estados, de manera regular, irregular u oscura. "Legal" o ilegalmente.

Decenas de aquellos detenidos han permanecido en prisión hasta 30 años. Algunos los han sobrepasado. En condiciones infrahumanas, alejados y en primer grado, en aislamiento. Hoy se anuncia que, con el código penal más severo de Europa, según dijo el entonces ministro del Interior Pérez Rubalcaba, el último preso de ETA saldrá de prisión en 2054. 36 años después de su disolución. Lo cual, junto a esas 40.000 detenciones por motivos políticos que citaba Jon Mirena Landa desde 1960 en su trabajo realizado hace unos años para el Gobierno vasco, nos encierra en un entorno extraordinario. Con la tendencia, en un estudio que no ha hecho sino comenzar, de que tres de cada cuatro detenidos sufrieron trato degradante, malos tratos o torturas. ¿Fue justo tanto sufrimiento?

La justeza que apuntalan a unos, es decir la injusticia de otros, fue avalada en Hego Euskal Herria por tres tribunales especiales: el de Represión de la Masonería y el Terrorismo (TERMC), el de Orden Público (TOP) y la Audiencia Nacional. En Francia, los tribunales de Baiona, Pau y París, sobre todo el Correccional y el Antiterrorista en la última época, juzgaron también a centenares de vascos. Todos ellos se apoyaron en calificar severamente la actividad militante de los disidentes. No tanto, es notorio sin necesidad de acudir a la hemeroteca, la de los agentes del Estado, de uniforme, camuflados o mercenarios. Tanto en razón de la violencia ejercida por sus agentes en operaciones encubiertas, como en el interior de comisarías o prisiones. A pesar también de la evidencia, únicamente 20 casos de tortura han sido refrendados por el Tribunal Supremo español en medio siglo. ¿Una injusticia? Al parecer, la ley es igual para todos.

Es en este contexto donde la pregunta de "¿Fue injusto?" adquiere un carácter parcial, al menos cuando quienes las lanzan son los que ya tienen, como señalaba unas líneas antes, la respuesta. La injusticia de la violencia, un objetivo de quienes añoramos la paz, se ve sacudida por esa "justicia" que no tiene valor para la discusión. El monopolio de la violencia corresponde, como ya señaló el sociólogo Max Weber, al Estado. Lo que hace que las guerras sean justas en función de quienes las ejecutan. "Guerras humanitarias" que llaman ahora con un descaro supino.

Todos los estados europeos, sin excepción, han ejercido la violencia durante el siglo XX y XXI. Unos con mayor intensidad que otros, es cierto. En la cercanía, Inglaterra en Malvinas, Bosnia, Irak, Kosovo, Afganistán. Francia en Libia, Costa de Marfil, Somalia, Siria, Malí... España como aliada del Triángulo de las Azores provocando centenares de miles de muertos. No hay debate sobre la justicia o injusticia de esas intervenciones, porque el monopolio no se discute. Como tampoco la militarización de la sociedad o la pertenencia a un entramado diabólico como la OTAN. Se dice que si fallan los mecanismos preventivos, la guerra tiene razón de ser, las medidas habituales se transforman en especiales y la moralidad y la ética se borran en beneficio de la eficacia.

Y ese monopolio, con esa justicia de aliada o como parte de ella, hace que lo justo y lo injusto tome un carácter engañoso. Las evidencias son nuevamente numerosas, pero valga como botón de muestra la proposición de Ley de Reparación Jurídica de Víctimas del Franquismo para que se declarasen ilegales los procedimientos judiciales y consejos de guerra instruidos entre 1936 y 1978. Como recordarán, la proposición fue rechazada hace unos meses con los votos del PNV y PP. Una sencilla ecuación nos llevaría a una respuesta esperada. Los juicios contra decenas de miles de combatientes vascos fueron justos. Al menos en la literalidad. ¿Dónde está el límite de la injusticia?

La "lógica del vencedor" que apuntaron Hegel o Nietszche, la "abolición del inferior" que relataba Pierre Vilar, son razones que se ausentan de ese debate sobre justicia o injusticia porque el punto de partida supone superadas preguntas previas que no se realizan. Preguntas relativas a los límites éticos y a la parcialidad de quienes los marcan. Desde tribunas ubicadas en parlamentos, medios de comunicación o tribunales. "Vale todo" para unos, nuevamente, y "no vale todo" para otros.

Los ejemplos imperceptibles llenan el vaso. Cerca de 20.000 indultos concedidos por el Estado español desde 1978 nos acercan a una justicia displicente con sus aliados. Las impunidades que desde la base de la pirámide hasta su vértices superior jalonan la vida diaria de nuestro país, recogen, en su naturaleza la justicia de un sector que domina y achaca al resto la injusticia de su existencia.

La injusticia declarada de todo aquello que realiza la disidencia, de forma violenta o no (Catalunya como ejemplo de su acción política), y por extensión la justicia de quienes la enfrentan pretende, asimismo, negar que ha existido un conflicto. Lo contrario sería aquella tesis que intentó emular una “investigadora”, y lo pongo entre comillas, de la Universidad de Maryland (EEUU), sobre la variación de una enzima que haría a los vascos y por extensión a ETA tener una predisposición especial a la violencia. Es decir, no ha existido conflicto, sino una patología que, a tenor de los datos de detenciones y torturados, habría sido la causante de una epidemia. Un relato dirigido.

¿Fue injusto? es una pregunta innecesaria. Porque la respuesta ya está enlatada. El vocabulario y la hipocresía de quienes jalonan los medios cotidianamente no predispone precisamente a un debate con detenimiento y con honestidad. Europa, los estados español y francés, Euskal Herria, no están exentos de culpa en la construcción política de la convivencia, local o mundial. Por acción u omisión.

Vayamos, en cambio, a otro debate pendiente. También con detenimiento y con honestidad. En vez de esa pregunta con respuesta incorporada sellemos la de "¿Fue legítimo? Pero un "¿Fue legítimo?" que abarque a todos los estamentos de la sociedad, instituciones y aparatos del estado. También a los que practicaron la lucha armada, la violencia política. Abramos las puertas a una convivencia duradera, con la verdad por delante y el reparto de responsabilidades en situación de igualdad.

Pero me temo, sin embargo, que este debate no se producirá en la cercanía. Los lobbies de la guerra, los violentos, son sumamente poderosos. Su inmunidad infinita. Absorben la legitimidad y la esconden en la justicia, caracterizan la moral cristiana o no y la ética (costumbres y normas de la comunidad) en función de un interés particular. Y así seguiremos asistiendo a aberraciones como las habituales relacionadas con un monopolio violento que dice actuar en favor de la democracia y de los derechos humanos. Desde un callejón de la calle Diaz de Haro, en las inmediaciones de San Mamés, hasta las vallas de Melilla.

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